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Artículo publicado en El País, el día 22 de mayo de 2008.

Tres décadas y media de desvergonzada negación e impenetrable impunidad de la Armada de Chile llegan a su fin. Por primera vez, la justicia de aquel país ha procesado a cinco altos jefes de su Marina de Guerra, declarándolos imputados  por su responsabilidad en la tortura y muerte del sacerdote anglochileno Miguel Woodward, de 42 años, crimen perpetrado por los marinos pinochetistas en las fechas inmediatamente posteriores al golpe militar de 1973.

¿Cómo ha sido posible este extraordinario procesamiento? Cuestión de mujeres. De dos mujeres muy concretas. La primera, Patricia Woodward, hermana de la víctima, que años atrás presentó la denuncia correspondiente, y que persigue infatigablemente el pleno esclarecimiento de aquel crimen y el juicio y castigo a sus culpables. Sus largos esfuerzos se ven ahora recompensados por esta esperanzadora decisión judicial.

La otra mujer decisiva es la admirable jueza Eliana Quezada. Una de esas personas capaces de chocar contra instituciones intocables venciendo barreras y amenazas de muerte, en busca de una justicia difícil de alcanzar en todas partes, pero prácticamente imposible frente a cierto tipo de personas y estamentos, que en ciertas sociedades gozan de un estatus prácticamente inexpugnable.

Finalmente, culminando su dificultosa tarea de años de investigación, Quezada ha emitido su histórico auto de procesamiento, que ha conmocionado a la opinión pública chilena, pues declara ‘reos’ (imputados) a los siguientes personajes: almirante Sergio Barra Von Kretschmann, almirante Guillermo Aldoney Hansen, vicealmirante Adolfo Walbaum Weber, vicealmirante Juan Mackay, y capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, todos ellos retirados. A éstos se añade un personaje secundario: el teniente médico de la Marina Carlos Costa Canessa, igualmente retirado.

Los seis son acusados de graves responsabilidades criminales en la sangrienta represión ejercida al principio de la dictadura por las fuerzas de la Marina en el área costera de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. Las detenciones de los imputados se efectuaron de forma inmediata, tras la orden expedida por la jueza.  Aldoney, Mackay y Riesco han sido recluidos en el acuartelamiento de Infantería de Marina en Viña del Mar. A su vez, Barra y Walbaum permanecen bajo arresto domiciliario por razón de su edad, superior a 80 años. El doctor Costa se encuentra hospitalizado bajo vigilancia policial.

Las responsabilidades de estos marinos en el trágico caso que nos ocupa (y en otros similares) resultan abrumadoras. Para empezar, Walbaum y Aldoney eran en aquellas fechas, respectivamente, jefe de la I Zona Naval y jefe del Estado Mayor de la misma Zona Naval. Por su parte, consta que Mackay asistía a las sesiones de tortura practicadas en las diversas instalaciones navales de Valparaíso.  Barra Von Kretchmann era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), entidad cuyos atropellos a los derechos humanos fueron permanentes. Riesco actuaba a sus órdenes en aquella criminal organización.

A todo ello se añade el gran peso social de estas personalidades, por la gran notoriedad publica de los cargos que ejercen o ejercieron al margen de su actividad militar. El vicealmirante Walbaum, además de su cargo naval, fue intendente de Valparaíso (alcalde de la ciudad). El almirante Aldoney Jansen, después de su retiro, emprendió una ambiciosa carrera empresarial, alcanzando la presidencia del gran consorcio siderúrgico CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), y actualmente es miembro del Directorio de la poderosa Mutual de Seguros de Chile. Aldoney, conocido por su gran predicamento en los ámbitos eclesiásticos, fue designado  responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. A su vez, el vicealmirante Mackay es vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro. Este es el perfil de los sujetos recién procesados.  

El padre Woodward era miembro del movimiento Cristianos por el Socialismo y ejercía su trabajo social en los barrios más deprimidos de la zona, dentro de un programa solidario de la Universidad Católica de Valparaíso. Fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe. Conducido a la Academia de Guerra Naval, fue allí sometido a atroces torturas. Posteriormente fue trasladado al buque escuela Esmeralda, vergonzosamente utilizado en aquellos días para torturar a gran número de hombres y mujeres, supuestos subversivos izquierdistas. Allí Woodward fue nuevamente torturado. Ya moribundo, fue trasladado al Hospital Naval, donde falleció. Su cadáver no ha sido hallado aún.

Durante décadas, la Armada negó tenazmente estos hechos y obstaculizó toda investigación. Comportamientos bien conocidos en estos casos: corporativismo, negacionismo, obstrucción a la ley. Hasta que, en 2006, la infatigable jueza logró finalmente forzar la entrega por la Armada de la bitácora del Esmeralda, documento en el que aparecía registrada la entrada en el buque del padre Woodward, junto con otros prisioneros. Esto, además de desmentir la contumaz negación institucional, permitió a la magistrada (amenazada de muerte desde el pasado noviembre) profundizar en su investigación, hasta desembocar en esta notable resolución, sin precedentes en ese hermético ámbito estamental.

Tal como afirma Patricia Woodward: “Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel, pero también para las demás víctimas de la Armada.”

Que así sea.